Tras 18 años de lucha, el caso de Paola Guzmán Albarracín llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo éste el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo. La Corte condenó al Estado Ecuatoriano por no haber protegido a Paola, y ordenó varias medidas de reparación, bajo lo cual se declaró el 14 de agosto como el Día de la Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas.
Paola fue víctima de abuso y acoso sexual, desde los 14 años, por parte de Bolívar Espín, quien aprovechó su posición de autoridad para, a través del engaño, ganar su confianza y ejercer acoso sexual en su contra. Producto de los abusos, Paola quedó embarazada y fue obligada a practicarse un aborto con el médico del colegio, quien también le agredió sexualmente al condicionarle la atención integral en salud reproductiva, siempre que ella accediera a tener relaciones sexuales con él. Estos hechos condujeron a que Paola ingiriera fósforo blanco, para intentar suicidarse, antes de subir al bus escolar que la llevaría al colegio el 12 de diciembre de 2002.
Si bien, el caso de Paola sentó un precedente para combatir la violencia sexual en escuelas y colegios de toda América Latina, la lucha por la protección de niños, niñas y adolescentes aún continúa frente a un Estado indolente e indulgente, en dónde hasta el 2014 el Ministerio de Educación no documentaba ni registraba oficialmente ningún caso de violencia sexual en el entorno educativo (Porras, 2019). A partir de ese año según Human Rights Watch, se registraron 4.221 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el contexto educativo, en dónde según la organización, son las niñas las que más sufren delitos sexuales.
A pesar de que el fallo de la Corte en el caso Albarracín estableció que los Estados deben tomar acciones para prevenir la violencia sexual, una de ellas, el derecho a la educación sexual y reproductiva. En el país la educación sexual no se encuentra contemplada en la malla curricular del Ministerio de Educación y existen grupos sociales que se han opuesto a que los niños y adolescentes pueden acceder a una educación sexual y reproductiva íntegra y de calidad, con la finalidad de tener los conocimientos necesarios sobre las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente, en relación con el consentimiento y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos.
De igual forma, los derechos de las niñas y adolescentes se han violentado con el veto del Código Orgánico de la Salud al desaparecer normas relacionadas con la salud de las niñas y adolescentes embarazadas, el acceso a la educación sexual, o el derecho de las víctimas de violencia sexual de recibir una atención de salud adecuada.
Así mismo, las víctimas de violencia sexual se encuentran con trabas a la hora de reportar el caso ante la justicia y obtener reparaciones y sanciones para los responsables. Según el diario digital GK, sólo el tres por ciento de estos abusos llega a judicializarse y menos aún tiene sentencia.
En el caso ecuatoriano, el Estado ha tomado acciones importantes para aborda la violencia sexual en las escuelas y colegios del país, el trayecto hacia un país libre de violencia sexual y justicia efectiva aún es largo. El Estado tiene que hacerse responsable de prevenir la violencia a través de acciones y mecanismos como la educación sexual y también proveer de una normativa que permita a las víctimas de violencia a acceder a ayuda médica y psicológica; además, debe ofrecer acceso a la justicia y reparación a las víctimas, y concederles el derecho a decidir si continuar o no con un embarazo producto de una violación.
Es importante que se inviertan los fondos necesarios para mejorar la atención y trato a las víctimas, y que se hagan las modificaciones a la legislación necesarias o se adopten nuevas normas que protejan a los niños, niñas y adolescentes, que faciliten el acceso a la justicia a las víctimas.
Redacción: Yamileth Silva, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad De Las Américas, en colaboración con Fundación Haciendo Ecuador.