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El Proceso de Participación ciudadana y control social en el Ecuador

 

Autora: Lizeth Meza

El fenómeno de la corrupción ha estado siempre presente en todas las sociedades, ha irrumpido como un factor perjudicial dentro de la realidad internacional y como consecuencia se ha generado inestabilidad institucional dentro de cada Estado. Las relaciones entre la sociedad civil y aquellos a cargo de la toma de decisiones se han ido quebrantando y llenando de desconfianza. Es a raíz de tales acontecimientos que nacen los mecanismos de participación ciudadana y control social, estos mecanismos pretenden respaldar el derecho a la participación protagónica de los ciudadanos y las ciudadanas, de manera individual o colectiva en la toma de decisiones, planificación o gestión de asuntos públicos. Así mismo, tales mecanismos actúan como garantes de la transparencia, control y rendición de cuentas para las instituciones públicas y sus gobernantes.

Dentro del Ecuador el avance más importante en materia de participación, se establece en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que da paso a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCC), como una entidad autónoma que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Además, promueve la incidencia de la ciudadanía dentro del proceso de toma de decisiones, su deber se centra en lucha contra la corrupción y la promoción de transparencia que son pilares clave para la construcción de un gobierno abierto. De igual manera, en nuestro país se ha implementado una serie de instrumentos destinados a velar por el derecho de participación, acción e incidencia de las y los ecuatorianos dentro de la acción pública. Cabe resaltar que, si bien existe gran diversidad de mecanismos de participación ciudadana y control social dentro del Ecuador en este breve artículo detallaremos solo dos de ellos.

La Silla Vacía es entendida como un mecanismo de participación ciudadana cuya base legal se encuentra en la Constitución del Ecuador, Art. 95-101; COOTAD, Art.311; Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 77. La función de este instrumento radica en garantizar la participación de una o un representante de la ciudadanía dentro de las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados y así asegurar que los representantes participen en el debate y en la toma de decisiones de los gobiernos autónomos.

Las Veedurías Ciudadanas se refieren a un mecanismo de control social que permite a la sociedad civil vigilar, fiscalizar y controlar la administración y gestión de lo público; y también del sector privado que maneje recursos o desarrolle actividades de interés público.

Por otra parte, en Ecuador existen actores que de manera independiente y como iniciativa propia, han influido positivamente en el proceso de implementar y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, uno de ellos es el cantón Cotacachi. El proceso participativo para la renovación de la democracia local se estableció debido a que “el movimiento indígena local apostó desde el propio retorno constitucional a la democracia”, así lo indica Santiago Ortiz en su texto ‘Cotacachi: una apuesta por la democracia participativa’.

El movimiento indígena estableció las bases para la democracia representativa y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones dentro del cantón, dejando de lado los métodos de democracia indirecta y propiciando la inclusión de nuevos actores para modificar la política pública, de modo que se generen cambios dentro de la organización y el rol municipal. De esta manera, Cotacachi se convirtió en un referente importante a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es necesario resaltar que a pesar del gran progreso que ha tenido el Ecuador en materia de derechos que garanticen la participación e incidencia de la ciudadanía dentro de la toma de decisiones, aún queda un largo camino por recorrer pues el fenómeno de la corrupción sigue estando presente. Es por esta razón que es tan imprescindible que las y los ecuatorianos debemos estar informados y conocer nuestros derechos para construir un estado óptimo donde la transparencia y la democracia sean un factor imperante.

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