El principio fundamental de la rendición de cuentas sobre los actos políticos debe ejercerse dentro de los márgenes de respeto y de las reglas que nuestra legislación permite. Las autoridades están sujetas al escrutinio público, todas por igual, sin distinción de género. Sin embargo, el machismo también se hace presente en el debate político sin miramientos ideológicos.
El acceso de las mujeres al poder está condicionado por la violencia basada en el género. El debate es claramente discriminatorio cuando de mujeres políticas se trata.
Insultos, comentarios, imágenes y videos basados en estereotipos que afectan no solo su imagen pública, sino su bienestar personal y familiar. No falta quien asevera que quien decide hacer política sabe claramente a que se mete, y per se debe asumir que el ambiente es violento. El ambiente político puede ser álgido, crítico y hasta virulento, pero la clase política sigue sin entender, que nos interesa el debate de ideas, de acciones políticas, incluso de las inmensas discrepancias que conlleva el control político y la fiscalización, pero lo privado de los y las asambleístas no es parte del debate público.
No debemos tolerar situaciones que buscan menospreciar, humillar y satanizar el comportamiento privado de la mujer, porque esto dista mucho de un verdadero aporte al debate y al legítimo derecho de control político y fiscalización, atribución legal de los asambleístas del oficialismo y de la oposición.
Las autoridades competentes deben aplicar la ley y empezar a sentar precedentes sobre el respeto que merecen todas las mujeres políticas independientemente de su ideología o bando.