Las democracias modernas se caracterizan por garantizar el acceso a los espacios de todos los individuos en condiciones de igualdad y tolerancia. En este sentido, el desarrollo de la democracia se ha complejizado en su trayectoria histórica.
En términos de Rosanvallon, la democracia adquiere un doble dualismo: por un lado, las instituciones electorales – representativas y las de democracia indirecta que estructura la democracia como régimen y, por otro, el universo de procedimientos o conductas y el de las decisiones (2009: 36).
Siguiendo esta línea argumentativa, para analizar el caso de las mujeres en el legislativo, es necesario apuntar que las instituciones electorales – representativas a las que nos vamos a referir es la Asamblea Nacional y los partidos políticos en el Ecuador.
Actualmente el Legislativo se encuentra conformado por 137 asambleístas, esta cantidad se divide en dos criterios de evaluación que corresponde al género de los legisladores que ocupan los curules del parlamento; hay 83 hombres que representan el 60, 58% y, 54 mujeres el 39,42%.
No obstante, ¿Qué dice la Constitución con respecto a los Derechos de Participación y paridad de género? El inciso 7 del artículo 61 de la Constitución menciona:
Desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional (CRE, 2008: 26).
Cada partido político organiza internamente sus filas de acuerdo con leyes que incluyan la paridad de género para su aprobación, legitimidad y subsistencia. Sin embargo, ¿Cuántos partidos políticos han acatado la norma con respecto a la paridad de género?
La alianza Unión por la Esperanza (UNES), corresponde al partido político que más ha incluido a las mujeres dentro de sus filas con 25 legisladoras frente a 24 hombres legisladores. Le siguen el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachakutik donde se observa un número considerable de la presencia de mujeres en la legislación. Finalmente, CREO con la menor cifra de mujeres en su organización.
Con base a esta información, se observa que la participación política femenina es menor a la masculina. No quiere decir que el rol femenino es trasladado a un ejercicio marginal de la política, sino que la presencia y la configuración interna de los partidos inhiben el pleno ejercicio de la paridad de género en la política partidista y, por ende, en la legislación.
La ausencia de la presencia de las mujeres tiene algunos posibles orígenes: discriminación interna en las filas de las organizaciones partidistas, imposibilidad de consensos políticos con las autoridades del partido para incluir a la paridad de género, partidos políticos tradicionalmente administrados por hombres, apatía de las mujeres hacia la coyuntura política, entre otros.
Con estas posibles causas, nos ubicamos en el segundo punto referido a la dualidad democrática según Rosanvallon, al universo de conductas y decisiones que, en otras palabras, estructura la democracia como gobierno.
El gobierno y los partidos políticos actualmente configuran su sistema democrático sin acatar leyes de paridad de género, impidiendo la participación políticamente pluralista de los individuos, donde las conductas, decisiones, acuerdos y consensos políticos conllevan al agravamiento de la crisis política imperante y la conmoción interna existente en el Estado.
Se debe tener en cuenta que la democracia es un régimen pluralista que implica la aceptación de la divergencia de intereses y opiniones, sea dentro del aparato estatal o dentro de la organización partidista. La institucionalización de la regulación de la participación política de los individuos en igualdad de condiciones, determinan el sistema político democrático.
La configuración de la democracia no sólo tiene que darse dentro organización partidista o gubernamental, sino también dentro de la propia configuración de la cultura política ciudadana, que implique una forma de identidad política con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, que afirme la libertad y la igualdad para todos (Mouffe, 1993: 15).