La violencia de género se ha convertido en una problemática de índole social y cultural que promueve el maltrato hacia las mujeres, vulnerando sus derechos y limitando sus oportunidades. La imposición de roles determinados basados en la condición sexo-género son una prueba fehaciente de la dinámica machista presente no solo en el Ecuador sino en diversos países del mundo, haciendo de esta violencia una problemática a tratar tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
La violencia de género, al tener un alcance a nivel mundial, ha llamado la atención de diversas organizaciones dedicadas a velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, se ha mostrado preocupada por los índices alarmantes de violencia de los últimos tiempos, sumando a esto el incremento de eventos catastróficos postpandemia.
La ONU ha desarrollado una serie de iniciativas y propuestas concientizadoras, que permitan no solo amenorar el número de casos de violencia de género, sino, erradicarlas por completo. En el año 2021, bajo el lema “ÚNETE: Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las mujeres YA” la ONU dio inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género, evento que se extiende desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre de cada año, fechas en las que se realizan actividades enfocadas al tratamiento, prevención y erradicación de la violencia de género.
La Fundación ALDEA, una entidad comprometida a fomentar la construcción de una sociedad más incluyente, equitativa y sustentable, de igual forma se muestra interesada en combatir esta problemática. Mediante la publicación de un informe donde detalla circunstancias, estadísticas y demás factores que abarca la violencia de género en el Ecuador nos ha permitido dilucidar de mejor manera el alcance y afectación del mismo, sentando bases argumentativas y teóricas para posteriormente desarrollar mecanismos de protección y políticas públicas que vayan en pro de la mujer.
En lo que va del 2021, 172 mujeres y niñas han sido violentamente asesinadas por razones de género en el Ecuador, de las cuales, 17 fueron reportadas como desaparecidas, 37 habían reportado antecedentes de violencia (8 tenían boleta de auxilio), al menos 11 mujeres fueron violentadas sexualmente, 11 víctimas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, 5 eran adultas mayores, 161 quedaron en situación de orfandad, y 5 mujeres estaban en período de gestación cuando fueron asesinadas (Fundación ALDEA, 2021).
Los datos arrojados por la Fundación ALDEA suponen una de las peores crisis de violencia de género en el Ecuador. La afectación a este grupo va más allá de las víctimas mortales puesto que los daños colaterales que deja consigo son igual de delicados, evidenciando constantemente la inoperancia del sistema de justicia junto con todos sus mecanismos de protección, generando un patrón de violencia que parecería no tener fin.
Si bien la violencia de género ha estado presente desde épocas inmemorables y se la ha venido generalizando a lo largo del tiempo no es un fenómeno inevitable; iniciativas, propuestas, mecanismos de protección y demás son algunos ejemplos de los avances que ha tenido la sociedad en materia de garantía de derechos, permitiendo dar un paso más hacia la seguridad, equidad y justicia.
Sin embargo, pese a todas las medidas, intervenciones, sanciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, la violencia de género sigue muy arraigada principalmente en nuestro país. El 2021 ha sido catalogado como el año más violento no solo para mujeres, sino para comunidades como la LGBTQ+ colocando al Ecuador como el segundo país con mayor número de femicidios y delitos de odio a nivel Latinoamericano y del Caribe, siendo una cifra alarmante para el Estado ecuatoriano y la sociedad en general.
Las políticas públicas implementadas para combatir este fenómeno son ineficientes e irregulares, no garantizan en absoluto la protección de grupos vulnerables. El número de funcionarios comprometidos con esta labor es insuficiente y los mecanismos establecidos para brindar protección no cuentan con los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, por ende, el Estado se muestra incapaz de combatir este fenómeno manteniendo una deuda “impaga” con las mujeres, niñas y comunidades vulnerables del país.
Redacción: David Chausá, Estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, en colaboración con la Fundación Haciendo Ecuador