Entre el bien colectivo y los derechos humanos individuales, se centra el debate tras el anuncio de exigir el carnet de vacunación. En Ecuador la inoculación inició paulatinamente en el mes de enero y se ha masificado en los últimos meses, a pesar de la llegada de grandes lotes de vacunas y de la implementación de centros de vacunación en todo el país, existen personas que se resisten a recibir la vacuna en contra del virus que inició una pandemia mundial a inicios de 2020.
Por un lado, se debe a ciertos rumores que imponen el miedo a presentar síntomas fuertes o muertes a causa de las mismas. Por otra parte, al desconocimiento de la eficacia por la variedad de vacunas que se aplican: Pfizer, Johnson & Johnson, AztraZeneca, Sinovac, Moderna.
Varios países en el mundo debaten sobre la aplicación de esta medida, al encontrarse en períodos de vacunación masiva, grupos anti vacunas consideran dicha exigencia como una violación a su derecho a la privacidad. En Ecuador existe la norma constitucional, según el Artículo 83 numeral 7 que establece como deber y responsabilidad de los ciudadanos interponer el bienestar colectivo al individual, conforme al buen vivir. Mientras el debate continúa sobre todo en redes sociales; corresponde a médicos, enfermeras y más expertos de la salud continuar inmunizando a los ecuatorianos.